CORREO FARMACÉUTICO
El proyecto de la Comisión Europea de revisar las restricciones al ejercicio profesional de cada Estado miembro moviliza a representantes de colectivos sanitarios y grupos políticos ante el Parlamento Europeo.
La Agrupación Farmacéutica Europea (PGEU), el Comité Médico Europeo (CPME) y el Consejo Europeo de Dentistas (CED) están ultimando un frente político común para conseguir que la directiva de la Comisión Europea (CE) relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, que está en fase de aprobación definitiva, excluya explícitamente los servicios sanitarios y los relacionados con la salud en general de su ámbito de aplicación.
Los test de proporcionalidad que quiere realizar la CE surgen de la doctrina fijada por el Tribunal de la Unión Europea de que la regulación de los servicios profesionales son competencia de los Estados pero que las medidas de regulación deben ser proporcionales a las necesidades que los servicios pretendan satisfacer. Para poner un ejemplo, la decisión del tribunal sobre las críticas y el Dictamen Motivado de la Comisión en 2007 sobre el modelo de prestación farmacéutica española fue que España era soberana para regular su modelo pero con proporcionalidad respecto a las necesidades de salud.
Pero la Comisión considera que las regulaciones de los servicios profesionales en Europa requieren un esquema homogéneo y así el texto del proyecto subraya que "la acción emprendida por cada uno de los Estados miembros por separado no garantizará un marco coherente a escala de la UE para evaluar la proporcionalidad de la regulación nacional prevista y abordar los problemas existentes a los que se enfrentan las autoridades nacionales". Dice el texto que los principales objetivos de la la medida propuesta son introducir más claridad en los criterios aplicables; reforzar la fiabilidad, la transparencia y la comparabilidad en todos los Estados miembros y garantizar que las normas se apliquen de igual manera, para evitar sobrecargar y fragmentar el mercado único y que puedan realizarse de manera más satisfactoria a escala de la UE".
Por la puerta de atrás
En realidad el proyecto de directiva no alude a los servicios de salud, expresamente excluidos en la directiva específica, ya aprobada y en vigor, de servicios profesionales, pero temen que se utilice este nuevo proyecto para meter "por la puerta de atrás" una invasión de las competencias estatales en salud.
Las tres organizaciones profesionales citadas muestran, como ha informado CF, su preocupación por la ausencia de especificidad a la hora de regular las profesiones sanitarias y piensan que debería hacerse de forma distinta respecto a otras profesiones.
El presidente del Consejo General de COF, Jesús Aguilar, que presidirá el PGEU a partir de enero y durante un año, se ha reunido con los grupos parlamentrarios del Parlamento Europeo para explicarles la posición de los profesionales de la farmacia. Todos los eurodiputados españoles y prácticamente todos los grupos de la cámara han trasladado al PGEU su opinión de que las profesiones y los servicios sanitarios deben quedar fuera de este proyecto.
Desde la CE se explica a CF que se trata de medidas generales para favorecer la competitividad, y añaden que "los obstáculos al comercio de servicios son también un freno a la competitividad; hay que aprovechar mejor el mercado único de los servicios que ayudará a las empresas europeas a crear empleo y a crecer en los mercados de otros países, ofreciendo más variedad de servicios a mejores precios y manteniendo elevados estándares de protección de los intereses de los consumidores y trabajadores europeos. Proponemos simplificar los procedimientos para los proveedores de servicios transfronterizos y una forma nueva y más moderna de colaboración de los Estados miembros en la reglamentación de sus sectores de servicios".
La Comisión sostiene que aproximadamente cincuenta millones de personas, el 22 por ciento de la población activa europea, desempeñan profesiones cuyo ejercicio está condicionado a la acreditación de cualificaciones específicas o en las que está protegida la utilización de un título concreto, "por ejemplo en el caso de los farmacéuticos o los arquitectos". Añade que "la reglamentación está a menudo justificada para una serie de profesiones (por ejemplo, las relacionadas con la salud y la seguridad), pero en muchos otros casos la existencia de normas obsoletas e innecesariamente gravosas puede dificultar más de lo razonable el acceso de candidatos cualificados a determinados empleos, circunstancia que juega también en detrimento de los consumidores" . Esta alusión a los farmacéuticos está en la base de la desconfianza y la sospecha de que puede haber un intento de matizar los modelos regulados de prestación farmacéutica e introducir elementos de desregulación.
Cambios en Italia
Hay que tener en cuenta, señalan fuentes colegiales, que a pesar de las medidas consistentes en separar la propiedad y la titularidad que se ha producido hace años en Portugal y da pasos ahora en Italia, la mayoría de los países mantienen ese binomio.
Italia ha aprobado desregularizar parte de su modelo farmacéutico. Así la propiedad se abre a capital no profesional y sin límite de participación en él. No obstante, sea o no profesional el capital de la farmacia, la dirección de la botica deberá recaer en un farmacéutico licenciado. Aunque la norma requiere desarrollo.